Australia: Un proyecto de ley de vigilancia sin precedentes se aprueba a toda prisa en el parlamento en 24 horas.

Este mes, el gobierno australiano ha aprobado un proyecto de ley de vigilancia de gran alcance, peor que cualquier otra legislación similar en cualquier otro país de los cinco ojos.

El Proyecto de Ley de Enmienda a la Legislación sobre Vigilancia (Identificación y Perturbación) de 2020 otorga a la Policía Federal Australiana (AFP) y a la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC) tres nuevos poderes para hacer frente a la delincuencia en línea:

1. Orden de alteración de datos: otorga a la policía la capacidad de "alterar datos" modificándolos, copiándolos, añadiéndolos o borrándolos.

2. Orden de actividad en la red: permite a la policía recabar información de los dispositivos o redes que utilizan, o pueden utilizar, las personas objeto de la orden.

3. Orden de toma de posesión de cuentas: permite a la policía tomar el control de una cuenta en línea (por ejemplo, en las redes sociales) con el fin de recopilar información para una investigación.

Los dos cuerpos de seguridad australianos, AFP y ACIC, pronto tendrán el poder de modificar, añadir, copiar o borrar tus datos si te conviertes en sospechoso en la investigación de un delito grave.

Lo que hace que esta legislación sea aún peor es que no hay supervisión judicial. Un miembro del Tribunal Administrativo de Apelaciones puede emitir una orden de alteración de datos o de actividad en la red, no es necesaria la orden de un juez.

Las empresas australianas están obligadas a cumplirla

Cuando se les presente dicha orden del Tribunal Administrativo de Apelación, las empresas australianas, los administradores de sistemas, etc., deberán cumplirla y ayudar activamente a la policía a modificar, añadir, copiar o borrar los datos de una persona investigada. Negarse a cumplirla podría hacer que uno acabara en la cárcel hasta diez años, según el nuevo proyecto de ley.

Las actividades de piratería requeridas podrían incluir: alterar, copiar y borrar datos; interceptar y modificar las comunicaciones; vigilar las redes; y cambiar las credenciales de las cuentas.

Justificación del proyecto de ley

Los políticos justifican la necesidad del proyecto de ley afirmando que está destinado a luchar contra la explotación infantil (CSAM) y el terrorismo. Sin embargo, el propio proyecto de ley permite a las fuerzas del orden investigar cualquier "delito grave de la Commonwealth" o "delito grave del Estado que tenga un aspecto federal".

De hecho, esta redacción permite a la policía investigar cualquier delito que esté castigado con una pena de prisión de al menos tres años, incluido el terrorismo, el intercambio de material de abuso infantil, la violencia, los actos de piratería, las infracciones de quiebra y de empresa, y la evasión fiscal.

Críticas al proyecto de ley de vigilancia

El proyecto de ley de vigilancia australiana fue muy criticado por la senadora Lidia Thorpe, portavoz de Justicia de los Verdes:

"La revisión de Richardson concluyó que este proyecto de ley permite a la AFP y a la ACIC ser 'juez, jurado y verdugo'. Así no es como impartimos justicia en este país. El proyecto de ley no identifica ni explica por qué son necesarios estos poderes y nuestros aliados en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda no conceden a las fuerzas del orden estos derechos."

"En efecto, este proyecto de ley permitiría a las agencias de espionaje modificar, copiar o borrar tus datos con una orden de interrupción de datos; recopilar información de inteligencia sobre tus actividades en línea con una orden de actividad en la red; también pueden apoderarse de tus redes sociales y otras cuentas y perfiles en línea con una orden de toma de posesión de cuentas."

El fin de los derechos humanos

El nuevo proyecto de ley de vigilancia australiana señala el fin del respeto a los derechos humanos en Australia.

Para el abogado Angus Murray, presidente del equipo de políticas de Electronic Frontiers Australia, los poderes de hackeo suponen un grave riesgo para nuestras libertades civiles.

"Se trata ahora de un régimen en Australia en el que hemos conferido poderes a las fuerzas del orden para hackear los ordenadores de los australianos, y potencialmente de los extranjeros, y para apoderarse de las cuentas y modificar y borrar los datos de esas cuentas", declaró a Information Age.

"Australia no tiene consagrados constitucionalmente los derechos de expresión política y otros derechos humanos, pero si vamos a otorgar a las fuerzas del orden estos poderes, eso debería comprobarse y equilibrarse con un instrumento de derechos humanos a nivel federal".

Murray advierte que puede llegar un momento en que este poder se utilice contra la sociedad. En teoría, al menos, la policía podría introducir en su ordenador imágenes de explotación infantil. Aunque algo así no es la intención del proyecto de ley, tampoco hay salvaguardias significativas contra ello.

La vigilancia es poder

Tener la capacidad de hackear en secreto los ordenadores de las personas, hacerse con sus canales de redes sociales y espiarlas socava fundamentalmente nuestro derecho a la privacidad.

La vigilancia es poder, y eso es una amenaza para nuestras sociedades libres y abiertas.

En Alemania, sabemos por la historia reciente lo devastador que es un estado de vigilancia.

Juntos debemos luchar por la privacidad!