Blowing the Whistle Down Under: Los riesgos a los que se enfrentan los denunciantes australianos.
Los denunciantes Richard Boyle y David McBride van a ser juzgados por hacer lo correcto: denunciar los abusos de poder del gobierno australiano. Por el contrario, la UE está presionando para mejorar la protección de los denunciantes. ¿Tendrán éxito?
El juicio contra Boyle y McBride
The Guardian informa de que dos denunciantes australianos, Richard Boyle y David McBride, están siendo procesados y se espera que sean juzgados a finales de este año por denunciar abusos de poder del gobierno australiano.
Antecedentes del caso
Richard Boyle, funcionario de la Agencia Tributaria, detectó prácticas poco éticas y excesivamente agresivas de cobro de deudas por parte del gobierno a los propietarios de pequeñas empresas. Aunque su denuncia dio lugar a investigaciones independientes que desembocaron en cambios en las prácticas de cobro de deudas de la Agencia Tributaria australiana y, en consecuencia, en la subsanación en gran medida de los problemas denunciados, Boyle seguirá enfrentándose a un juicio por informar al público de estas irregularidades.
David McBride, abogado defensor que sirvió en Afganistán durante la guerra. Al observar graves irregularidades en las fuerzas australianas, McBride lo denunció primero internamente. Como esto no produjo ningún cambio, lo llevó más lejos, a la policía, y finalmente -como último recurso- a la opinión pública. Una vez más, gracias a la denuncia de McBride, se inició una investigación que encontró pruebas de que las fuerzas armadas australianas habían matado ilegalmente a civiles afganos inocentes. Las investigaciones siguen en curso. En cualquier caso, McBride también se enfrenta a un juicio por hacerlo público.
McBride fue acusado de revelar información clasificada, y se enfrenta a una pena de 50 años de prisión si es declarado culpable. McBride argumenta que sus acciones eran de interés público y necesarias para que el gobierno rindiera cuentas de sus acciones en Afganistán.
Tanto el caso de Richard Boyle como el de David McBride han suscitado debates públicos sobre los derechos de los denunciantes, su protección y la importancia de que el gobierno rinda cuentas.
Australia contra la UE
Mientras Richard Boyle y David McBride se enfrentan a largas penas de prisión por denunciar irregularidades en Australia, la UE ha adoptado la Directiva de Protección de los Denunciantes, una ley para proteger a los denunciantes.
Se trata de una diferencia notable en ambos ordenamientos jurídicos, que puede explicarse también por los recientes escándalos de abusos de poder.
En la UE se han producido dos incidentes importantes en los últimos años que demuestran la importancia de los denunciantes para una democracia y también para la economía.
Ejemplo económico: Wirecard
El escándalo Wirecard, que condujo a la insolvencia de Wirecard en 2020 y a la pérdida de miles de millones de euros para los inversores y accionistas privados, fue causado por prácticas empresariales corruptas e informes financieros fraudulentos. En el momento de la insolvencia, Wirecard formaba parte del índice DAX, es decir, el Dow Jones de Alemania.
Fue un escándalo enorme en Alemania y fuera de ella, que podría haberse evitado con un sistema adecuado de denuncia de irregularidades.
Puede encontrar más información sobre el escándalo Wirecard en Wikipedia.
Ejemplo político: Soborno de Kaili
Eva Kaili era eurodiputada y una de los catorce vicepresidentes del Parlamento Europeo desde enero de 2022. En diciembre de 2022, la eurodiputada Kaili fue detenida y acusada de corrupción, concretamente por aceptar sobornos de Qatar.
Puede encontrar más información sobre Kaili y el "Qatargate " en Wikipedia.
Ambos casos -entre otros- llevaron a reconocer la necesidad de reforzar la protección de los denunciantes para que los abusos de poder y las actividades delictivas puedan conocerse antes.
Así, la Directiva de protección de los denunciantes de la UE refleja el reconocimiento del importante papel que pueden desempeñar los denunciantes para descubrir irregularidades y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. La Directiva establece una serie de medidas de protección para los denunciantes, como la confidencialidad, la inmunidad frente a represalias y el apoyo jurídico. Esto refleja la opinión de que los denunciantes no deben sufrir consecuencias adversas por hablar en interés público.
Por el contrario, el procesamiento de Richard Boyle y David McBride en Australia sugiere un enfoque más restrictivo hacia los denunciantes y una mayor importancia a la protección de los secretos de Estado.
Esto es coherente con el marco jurídico más amplio de Australia, que incluye una de las peores leyes de vigilancia del mundo.
Importancia del anonimato
La Directiva de la UE sobre protección de los denunciantes de irregularidades obliga incluso a las empresas a ofrecer un canal de comunicación anónimo a los posibles denunciantes. Esto refleja la comprensión de que los denunciantes se enfrentan a menudo a importantes riesgos personales y profesionales si se conoce su identidad, lo que se demuestra una y otra vez con la persecución de denunciantes como Boyle y McBride, pero también con casos famosos como los de Julian Assange y Edward Snowden.
El riesgo de convertirse en objetivo de las fuerzas de seguridad como denunciante parece aumentar cuanto más poderosa es la organización a la que se denuncia. Por ello, el anonimato es el último recurso de los potenciales denunciantes para mantenerse a salvo.
En el caso de Richard Boyle y David McBride, ambos se enfrentaron a represalias y procesos judiciales por sus acciones como denunciantes. Al permitir a los denunciantes permanecer en el anonimato, la nueva Directiva de la UE proporciona una salvaguardia fundamental contra las represalias y garantiza que los denunciantes puedan presentar información sin temor a represalias.
Además, tener la opción de permanecer en el anonimato también puede aumentar las probabilidades de que los denunciantes se presenten, ya que disminuye el temor a represalias o incluso a ser procesados por publicar la información.
Poner fin a la guerra contra los denunciantes
En Australia debería ocurrir lo mismo: no puede ser de interés público encarcelar a la gente por decir la verdad.
Las organizaciones de derechos humanos y los abogados especializados en derechos humanos piden al gobierno australiano que ponga fin a esta guerra contra los denunciantes.
Actúa ya y firma una petición para poner fin a la guerra contra los denunciantes.
Si eres una empresa, también puedes poner de tu parte alojando un sistema de denuncia de irregularidades en tu sitio web.
